- La licencia de casino se otorgó en 2018, pero a día de hoy, el proyecto está en el limbo político y jurídico.
- La inversión prevista es de hasta 2.500 M€ en varias fases, con una primera inyección de 700–800 M€.
- Los beneficiarios principales son Hard Rock, Criteria Caixa, el sector turístico local, los municipios costeros y la Generalitat (vía fiscalidad).
Portada: Diari de Tarragona 06-DEC 22
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- En diciembre de 2024, el Parlament de Cataluña aprobó reformar el régimen fiscal de los casinos, retornando el tipo impositivo aplicable a sus ingresos del 10 al 55% -nivel originalmente previsto en la legislación antes de las «rebajas fiscales especiales» que se crearon en 2014 para facilitar la viabilidad del complejo.
- La proposición fue impulsada por ERC y Comuns, y recibió el voto favorable también del PSC y la CUP —con lo que contó con una sólida mayoría parlamentaria.
- Esta revisión fiscal de 2024 compromete enormemente la rentabilidad financiera del proyecto.
- Actualmente, un desenlace de impulso al proyecto requiere la la aprobación de un nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) corregido. Las dos versiones previas fueron anuladas por el TSJC alegando deficiencias ambientales, en 2018, y riesgos químicos -por la cercanía al polo industrial de Tarragona- en 2020.
- El último recurso, de 2025, presentado por las plataformas Aturem Hard Rock y GEPEC-EdC alega que Hard Rock no tiene legalmente la propiedad o disponibilidad de los terrenos, ya que los contratos entre Incasòl, Criteria Caixa y la empresa están caducados desde 2017.
- En el sentido contrario, un desenlace de descarte del proyecto suavizaría la presión social y política, pero tendría un coste económico inmediato -la indemnización a Hard Rock International se estima entre 37–50 M€, según informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat.
